"Cualquier ley o política pública que (...) sea esencialmente contraria a los principios éticos universales no tiene legitimidad, aunque haya sido aprobada en votación democrática (...). Por tanto, las personas tienen no sólo el derecho humano y la libertad de no obedecerlas, sino la obligación ética de combatir para que no se apliquen y para que sean derogadas”.
Resolutivo del Foro Ético Mundial, que agrupa a organizaciones de ultraderecha (La Jornada, nota de Alma Muñoz, 14 de febrero de 2006).
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