Los programas y acciones oficiales que promueven la educación sexual entre adolescentes y la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, se enfrentan de manera creciente al rechazo tajante de grupos conservadores que invariablemente esgrimen los dogmas de la fe católica para fomentar la abstinencia sexual juvenil y la fidelidad conyugal. La autora de este ensayo analiza cómo la jerarquía eclesiástica acusa al Estado de querer sustituir a la familia en la educación de los jóvenes, y de promover derechos sexuales que son justificaciones del pecado, cuando no una inducción a conductas desordenadas. El predominio de una doble moral, que alimenta la discriminación y los prejuicios, vulnerando a la ciudadanía en sus derechos, y la lenta infiltración de estos criterios en muchas políticas oficiales ligadas a la salud sexual y reproductiva, son algunos puntos que explora la investigadora.
Por Bonnie L. Shepard
La influencia de las instituciones religiosas, particularmente de la Iglesia Católica, en las políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la salud sexual y reproductiva ha sido más bien negativa, ha funcionado como un factor preponderante en la negación de los derechos ciudadanos. Aquí me interesa analizar la lógica detrás de ese papel de la iglesia.
¿Cómo funciona la lógica de ciertos grupos religiosos que, por ejemplo, se oponen a la provisión de condones para prevenir el VIH/sida? ¿Bajo qué razonamientos se condena a jóvenes y adolescentes sexualmente activos a infecciones o embarazos no deseados? Quienes se oponen a los programas de educación sexual, que incluyen instrucción sobre anticonceptivos o acceso a condones, no son personas irracionales, conocen muy bien la realidad. Su oposición tiene que ver más con su visión del deber ser; no quieren ceder en su afan de promover la "buena moral" en la sexualidad. Desde la perspectiva de la jerarquía católica, la meta más adecuada de los programas para adolescentes es fomentar los valores de la abstinencia hasta el matrimonio y la fidelidad conyugal, valores que considera sagrados y fundacionales.
Familia protectora, Estado subversivo
En este planteamiento también entra en línea de juego su visión de la división del trabajo entre el Estado y la familia, especialmente en la educación de los y las jóvenes. Según su óptica, la familia y la Iglesia están encargadas de la socialización moral y, en el caso de la sexualidad, de la orientación de los jóvenes por el camino moralmente correcto. El Estado no debe intervenir en esta tarea, ni mucho menos subvertirla. De este modo, aunque el ala conservadora en estos debates pueda reconocer que no todas las personas comparten sus valores morales, creen que el Estado no puede y no debe promover valores opuestos.
Su oposición es aún más férrea cuando se trata de los servicios públicos de salud sexual y reproductiva. Según la perspectiva religiosa conservadora, cuando se suprime la consecuencia negativa de una transgresión a esas normas morales sagradas se subvierte la norma misma. Quitarle a la transgresión su castigo equivaldría no sólo a aceptar la transgresión misma sino también a promoverla. De esta manera, se establece una falsa equivalencia entre prevenir enfermedades y promover la inmoralidad. En el ejercicio de la sexualidad de las mujeres y jóvenes no casadas, el embarazo es la consecuencia negativa, tanto como el sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) son el castigo del sexo entre hombres o entre cualquier pareja que no esté unida en matrimonio y observe la fidelidad. Bajo esta perspectiva, proveer información y servicios para proteger la salud de las personas en el ejercicio de su sexualidad "pecaminosa" (fuera del matrimonio heterosexual), fomenta el pecado y la "promiscuidad", papel que no puede jugar el Estado.
Las campañas contra el aborto y los métodos anticonceptivos erróneamente llamados "abortivos", como el DIU y los anticonceptivos de emergencia, afectan a jóvenes y adultos, a casados y no casados. Una pareja casada podría estar disfrutando su sexualidad de la manera aprobada, pero podría caer en pecado e ir en contra de la norma sagrada si recurre a uno de esos métodos. La anticoncepción de emergencia, declarada un método no abortivo por la OMS, es un método muy útil para los jóvenes, muchos de los cuales no recurren a la anticoncepción en su primera relación sexual y sólo lo hacen irregularmente en relaciones posteriores. La población de jóvenes resulta así particularmente afectada por la agresiva campaña de la Iglesia contra ese método.
Aunque los grupos religiosos conservadores aceptan que hay familias y jóvenes que no comparten su moralidad sexual y que existe diversidad religiosa en el país, señalan que la provisión estatal de información y servicios sexuales y reproductivos promueve la actividad sexual prematrimonial, lo que resulta claramente subversivo a la socialización que las iglesias conservadoras y las familias tratan de dar a los jóvenes. Si el Estado suprime el castigo de pecado, subvierte el mensaje de abstinencia.
Derechos sexuales, ¿justificación del pecado?
Los mensajes en los programas de abstinencia tienen dos ejes: promover el incentivo religioso de permanecer en estado de gracia y sin pecado; e infundir el temor al castigo por vías del embarazo y la enfermedad. Desafortunadamente, los mensajes de la iglesia católica enfatizan el segundo eje: el castigo. El mensaje central es que el "sexo más seguro" no existe. No se puede evitar el castigo, y los discursos de los líderes religiosos y los programas que patrocinan promueven la desconfianza hacia los anticonceptivos con el fin de desalentar su uso. Los mensajes suelen exagerar los riesgos de los anticonceptivos y el aborto e incluso proveen información errónea de una supuesta ineficacia o de riesgos para la salud. Los programas que promueven exclusivamente la abstinencia para los jóvenes se han lanzado en una campaña negativa centrada en información sesgada y errónea sobre la anticoncepción, y en el temor al "castigo" del embarazo y las infecciones.
Según esta lógica religiosa conservadora, un programa estatal que cumple su deber de proteger la salud de la ciudadanía sexualmente activa fomenta el pecado de proveer información y servicios anticonceptivos a jóvenes no casados. Esta lógica es evidente en todos los debates sobre la educación sexual y en la campaña de la iglesia católica sobre los programas de abstinencia fuera del matrimonio y de fidelidad dentro de éste, que excluyen cualquier método anticonceptivo que la jerarquía católica (no la comunidad científica) califique de "abortivo". Si no se puede detener la sexualidad juvenil pecaminosa con exhortaciones religiosas positivas, entonces se debe mantener el castigo para el pecado, con la idea de que el temor al castigo (enfermedad o embarazo) podrá prevenir algunos pecados. Según la lógica conservadora religiosa, es más importante prevenir el pecado que prevenir la muerte, la enfermedad o un alto abrupto en el proyecto de vida de una madre adolescente.
El resultado de las intervenciones de agrupaciones religiosas en la política pública sobre salud sexual y reproductiva, es privar a la ciudadanía --adultos y jóvenes-- del reconocimiento, el respeto y el cumplimiento de sus derechos a la sobrevivencia y al desarrollo, a la salud sexual y a las decisiones libres e informadas sobre paternidad y maternidad, a no ser víctima de violencia o discriminación, a la libertad de religión y varios otros. En efecto, las y los pecadores (según la definición de la jerarquía de la iglesia) pierden protección y respeto a sus derechos humanos, pierden el derecho a recibir del Estado la información y los servicios que necesitan para mantenerse sanos y vivos. Esta privación del respeto a y cumplimiento de sus derechos humanos resulta directamente en muertes maternas y en casos de sida/ITS, sufrimiento, e hijos no deseados. Los más vulnerables --las personas de bajos ingresos, la población rural, las y los jóvenes, las mujeres solteras sexualmente activas, las personas con sexualidades alternativas como gays, lesbianas, personas transgénero, usuarios de drogas intravenosas, niñas y niños de la calle-- son los que más sufren con esta distorsión religiosa en la lógica de las políticas públicas.
Una discriminación social feroz se desencadena en algunas instancias contra el ejercicio de la sexualidad "pecaminosa". La ira más fuerte de los grupos conservadores está reservada para las personas que no reconocen como un pecado el ejercicio de su sexualidad fuera del matrimonio. La pecadora arrepentida no amenaza el orden social y religioso establecido, porque reconoce el pecado y la vigencia del sistema de valores. En la confesión, sólo se da absolución si la pecadora tiene la firme intención de no repetir la ofensa. La pecadora no arrepentida amenaza el sistema de valores. Cuando una persona asume una identidad gay, o cuando una joven asume una relación sexual más o menos estable antes del matrimonio, es una pecadora no arrepentida, de modo que no debe recibir ni el perdón ni la absolución. Para ellos el castigo debe ser fuerte, porque implícitamente cuestionan el estatus del ejercicio de su sexualidad como pecaminoso.
El ultraje máximo, según los grupos conservadores, es el que ocurre cuando se da un paso más allá del no-arrepentimiento; cuando los jóvenes o las personas con sexualidades alternativas reclaman este ejercicio de la libre conciencia como un derecho. Asumir la identidad alterna o la sexualidad prohibida como un derecho, cuestiona públicamente todo el sistema de valores religiosos y suscita una rabia enorme entre los defensores del orden tradicional. Es la reivindicación del ejercicio de la sexualidad autónoma, según la libre conciencia de la persona, como un derecho, lo que despierta toda la represión y agresividad de individuos e instituciones con normas sociales conservadoras. El horror de los sectores conservadores al pensar que estos valores transgresores podrían filtrar programas de educación sexual es más que evidente en los debates públicos, desde las conferencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta el nivel local, en la gran mayoría de los países del mundo. Por eso, las palabras "derechos sexuales" no han sido usadas en ningún documento consensuado en las grandes cumbres de la ONU.
El castigo que libera
A nivel de las políticas públicas, la gran falta de cumplimiento de los derechos humanos de las personas y especialmente de las y los jóvenes en lo que concierne a su sexualidad se demuestra básicamente en la ausencia de programas y servicios gubernamentales de salud sexual y reproductiva. Además, normas religioso-culturales sobre género y sexualidad conducen a violaciones de derechos en la vida privada de las personas. El rechazo socio-cultural a la sexualidad "pecaminosa" o alternativa puede acarrear: la violencia contra los hombres gay o los/las transgénero, la violencia familiar hacia las mujeres en general, y hacia las jóvenes en particular.
Cuando la mujer joven o soltera se muestra como un ser sexuado por su manera de vestir que "provoca" o cuando se sabe que ella es sexualmente activa, entonces las normas sociales justifican una marcada falta de respecto a esa mujer. En casos de violación se justifica la violencia contra ella en la mente del agresor y también muchas veces en la opinión de los jueces y la policía. En este sistema tradicional de normas de género y sexualidad, ella ha perdido el reconocimiento de su derecho a no ser atacada físicamente. Por el famoso doble estándar que castiga la sexualidad de la mujer y la glorifica en el hombre, cuando una mujer cae en la categoría de "Eva" y no de "María", según las normas culturales, se puede violar su derecho al respeto a la no-agresión sexual. Esta lógica subyacente sale a la luz del día durante los juicios de violaciones, cuando se descalifica el testimonio de las víctimas que han tenido otras parejas sexuales en su pasado. Por su pecado (ejercer la sexualidad fuera del matrimonio), ella debe ser severamente castigada, sufriendo la violación de sus derechos humanos fundamentales.
Si promover el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva en la población joven es promover el pecado, entonces eliminar o limitar el acceso a estos servicios es prevenirlo. Esta lógica hace caso omiso de la plenitud de evidencia científica según la cual el libre acceso a esa información y a esos servicios no aumenta la actividad sexual de jóvenes y adolescentes. Al contrario, la evidencia demuestra que los programas de educación sexual favorecen la postergación de la iniciación sexual. Cuando se les enfrenta a esta evidencia, los sectores conservadores religiosos hacen caso omiso y siguen insistiendo en el peligro de promover la promiscuidad. ¿Cómo explicar esa posición?
Para entender la lógica, tomemos dos casos de jóvenes que reciben un trato totalmente distinto. En ambos casos, la que busca los servicios es una joven soltera sexualmente activa de 15 años. La primera joven está embarazada. Ella puede recurrir a los servicios de salud sexual y reproductiva sin ninguna discriminación en el acceso; los proveedores reconocen que ella tiene un derecho a estos servicios. Incluso no hay mucha controversia vinculada a los intentos de evitar un segundo embarazo, dándole anticonceptivos después del parto, aunque no se case con el padre de su hijo.
El segundo caso es otra joven soltera de 15 años que es sexualmente activa pero no se ha embarazado. Ella es discriminada. Muchas veces los mismos proveedores le niegan el servicio, por el temor a la reacción de los padres si llegaran a enterarse. Lo que sienten, y a veces dicen abiertamente, es que no quieren fomentar la sexualidad transgresora de la adolescente proveyéndole los medios de prevenir embarazos o enfermedades, subvirtiendo así la autoridad o "el derecho de los padres a estar informados de los tratamientos y medicamentos que están recibiendo sus hijos."1
¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es la lógica? ¿Será que una vez que la joven es madre ya no se teme a la reacción de los padres porque la maternidad le da estatus de adulto? ¿O será que la joven madre ya recibió su castigo por su pecado --el embarazo--, entonces no hay que castigarla más? Y en el caso de la joven no embarazada, ¿darle anticonceptivos equivaldría a quitarle el castigo al pecado, estimulándola a seguir pecando? Es un triste ejemplo sobre la influencia indebida de las normas religioso-culturales en los programas del Estado. Una joven debe embarazarse sin desearlo para que se cumpla en la práctica con su derecho a recibir los servicios de salud reproductiva.
Es importante señalar aquí que el argumento sobre "el derecho de los padres" no está conforme con las leyes internacionales de los derechos humanos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece el "interés superior" del niño como "una consideración primordial". Si las decisiones de los padres van en contra del interés superior del niño, el Estado debe actuar para hacer cumplir cualquier derecho negado por los padres, como el derecho a la salud.
Otro derecho no respetado por las normas religioso-culturales es la libre expresión de las y los jóvenes en el tema de la sexualidad, que tiende a ser irreverente, humorística, profana o explícita. Por ello, horroriza a los conservadores. Al ejercer la censura sobre esta libre expresión, no se respeta dicho derecho. El silenciamiento de los jóvenes es otro elemento de su falta de ciudadanía sexual. El silencio hace imposible un debate social abierto sobre las políticas sociales que protegerían la salud de la juventud. Cuando rige este silencio, la mayoría de los funcionarios pueden hacer caso omiso de los riesgos que corren los jóvenes y de la obligación que tienen los gobiernos de protegerles.
La negligencia del pecado
Es una prepotencia enorme de la jerarquía católica decir que representa a las mayorías católicas cuando toma posiciones que vulneran los derechos de la ciudadanía a la salud sexual y reproductiva. Se sabe por estudios demográficos y estudios de opinión pública que estas mismas mayorías católicas no están conformes con las posiciones retrógradas de la jerarquía, y no siguen las restricciones en cuanto a la anticoncepción y al ejercicio de la sexualidad. La jerarquía representa a El Vaticano, y no a la gente, pero igual ejerce una influencia tajante sobre las políticas públicas, quiere que los estados impongan los castigos de las infecciones y de embarazos no deseados por la vía de la negligencia, de la ausencia de acción, no proveyendo los servicios y programas que la gente necesita para proteger su salud. Esta negligencia atenta contra derechos básicos. A los estados laicos, modernos, fundados en el respeto a los derechos humanos, no les corresponde el papel de imponer a la ciudadanía el castigo a pecados que no son crímenes.
La autora trabaja en el Centro François-Xavier Bagnaud de Derechos Humanos y Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y es consultora de Católicas por el Derecho a Decidir de los Estados Unidos.
1 Observaciones de un representante de la Conferencia Episcopal de Chile.
Texto tomado y editado de: Ciudadanía sexual en América Latina: abriendo el debate. Cáceres, C., Frasca, T., Pecheny, M. y Terto, V. (editores). Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú, 2004.
Ensayo tomado del suplemento Letra S. La Jornada. Octubre del 2004.
