Bogumiła LISOCKA-JAEGERMANN
Los últimos veinte años constituyen el período de cambios importantes tanto en la sociedad como en la economía y en la vida política mexicanas. Su mayoría corresponden al esquema de las transformaciones neoliberales, presentado en el texto introductorio de Günter MERTINS. El presente artículo trata de demostrar
algunas de las consecuencias de las transformaciones neoliberales para la población rural mexicana.
La imagen general de las transformaciones agrarias presentada en la bibliografia del tema la completan las observaciones directas provenientes de dos investigaciones de campo realizadas en las zonas rurales de la región de La Huasteca (véase el texto de M. CZERNY y J. MAKOWSKI, publicado en el mismo tomo), en 1985 y en 20011. La comparación de sus resultados permite captar cambios en la situación socio-económica de la población rural en el período mencionado.
1. El papel del campo en el México del siglo XX
La disputa por la tierra, el problema de su concentración y la marginalización del campesino han constituido uno de los principales problemas de México al principio del siglo XX, concerniente a la mayor parte de la población (en 1910, unos 10,8 millones de los 15,2 millones de habitantes del país vivían de las actividades primarias). Despúes de la Revolución de 1910 el sector agrário se convirtió en el elemento principal de la imagen nacional y en la base de la sociedad mexicana. El artículo 27 de la Constitución de 1917 decía, entre otros:
“la propiedad de las tierras y de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio mexicano corresponde en principio a la Nación, la que ha poseido y posee la facultad de transmitir este derecho a particulares, para constituir la propiedad privada (…). La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fracionamiento de los latifundios, para el desarollo de la pequeña propiedad”, creando condiciones jurídicas para una profunda reforma agraria.
El reparto agrario iniciado con la Revolución continuó llegando a su auge durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940)2. Aunque con el transcurso de tiempo el número de la PEA agropecuaria iba bajando en términos relativos (65,4% en 1940, 58,3% en 1950, 54,2% en 1960, cerca de 25% en 2000), dado el rápido crecimiento de la población del país la presión sobre la tierra no disminuía3. El reparto continuaba y en algunas regiones del país se daban casos de conflictos por tierra. Iba disminuyendo considerablemente la participación del sector en el producto nacional, estimada para el 1900 en un 30% (WARMAN 2001:15) y en un poco de menos de 6% a finales del siglo (ibidem:23).
México ha dejado de ser un país agrícola en los 70tas (en 1975 ya casi El 70% de la población residía en las ciudades) pero “la agricultura, el campo y el campesinado siguieron siendo problemas claves tanto en la dimensión económica (alimentación de la población creciente, el mercado equilibrado, el comercio interno y exterior, la mano de obra) como en la ideológica y psicológica (la presión de la tradición, la memoria de los ideales sociales de la Revolución mexicana, la reforma agraria, el agrarismo, el zapatismo)” (ŁEPKOWSKI 1986:448).
El Estado mexicano garantizaba la tenencia social de la tierra (tanto enforma de la comunidad indígena tradicional como en la nueva de ejidos) y se hacía cargo de la organización de apoyo al campo. Aunque su alcance e importância variaban según la coyuntura y las políticas emprendidas por las elites políticas, el invertencionismo estatal se convirtió en un elemento fijo del panorama rural mexicano. El régimen de tenencia de la tierra, los empleos e ingresos de los campesinos, y la seguridad alimentaria nacional figuraban como sus finalidades principales. Entre los programas e instrumentos de dicha política vale la pena mencionar
el sistema de fijación y control de precios de los productos agropecuarios iniciado durante la presidencia de Cárdenas, modificado un sinúmero de veces pero mantenido hasta los finales de los 80 tas., y el de acopio de productos mediante una red de Almacenes Nacionales de Depósito y de abasto mediante CEIMSA y su sucesora Conasupo4. Existían empresas paraestatatales especializadas que se ocupaban de la comercialización (así como de crédito y asistencia técnica de apoyo a la producción) de azúcar, algodón, cacao, café, coco, copra, frutales, maderas y productos forestales y maguey.
En 1980 se puso en marcha el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) – encaminado hacia el incremento de la producción con el fin de garantizar la autosuficiencia alimentaria del país. Se establecieron precios de garantía elevados por productos y se garantizaron precios más bajos de insumos, lo que implicaba subsidios enormes –imposibles de mantener a largo plazo. Después de la crisis de 1982 y el cambio de poder el SAM fue abandonado.
La participación activa del Estado no ha logrado nivelar desequilíbrios regionales del sector. Mientras que la agricultura modernizada, basada en grandes áreas bajo riego y mecanizada en un grado considerable seguía concentrada en el norte, el sur minifundista y tradicional no aumentaba niveles de productividad
ni cambiaba de estructuras agrarias.
2. Las transformaciones a finales del siglo XX
La aplicación de las políticas neoliberales encaminada entre otros fines, hacia una mayor integración del sector agrícola al mercado de productos agrícolas mundial ha significado la introducción de nuevas reglas de juego en la actividad agropecuaria. La lógica de las transformaciones a gran escala realizadas en un plazo de tiempo reducido choca tanto contra una con larga trayectoria de la intervención estatal en el sector esbozada arriba y con las realidades económicas, sociales y culturales de la agricultura tradicional.
La reducción de la participación estatal que incluye la transferencia de la comercialización y producción de insumos y servicios al mercado y la eliminación de subsidios a la producción han constituido un cambio significativo. La supresión de los apoyos gubernamentales del campo a partir de 1989, la baja de aranceles, El reemplazo de los permisos de importación por tarifas – medidas correspondientes a los requisitos del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT y a las condiciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fueron percibidas como la desprotección de la agricultura mexicana respecto a la competencia internacional – los precios de los productos agrícolas iban bajando mientras los de insumos seguían manteniéndose en los niveles anteriores o incluso más altos. Tanto en las publicaciones académicas como en la prensa abundan opiniones semejantes a la de Xóxitl Gálvez, encargada de la oficina presidencial para asuntos indígenas: “Se dió una apertura muy agresiva en el sector agrario, misma que ni em países como Estados Unidos o Francia ocurrió; ellos tienen políticas de subsidio importante para los agricultores. En México se les desprotegió y ahora estamos viviendo crisis como la del café” (GARDUÑO, RAMIREZ, DAVALOS 2001:8).
La privatización y/o desincorporación de varias empresas agroindustriales paraestatales (Azúcar S.A., TABAMEX, INMECAFE), que habían garantizado la comercialización y el nivel de precios de los productos correspondientes formaba parte de las políticas nuevas. Con el objetivo de superar el minifundismo y crear bases jurídidas necesarias para que surgiera un mercado interno de tierras, en 1992 fue reformado El artículo 27 de la Constitución de 1917, así como Ley Agraria, Ley de Aguas, Ley Forestal, etc., con lo que el Estado dió término final al reparto agrario. Los câmbios consituyen una base de la redefinición del perfil de la propiedad agrícola, abriendo la posibilidad de privatización de las tierras ejidales y comunales, las cuales pueden ser objeto de compra y venta, de arrendamiento y de contratos de asociación. Se estableció el consiguiente programa de regularización de tenencia de las tierras ejidales y comunitarias. Mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), el gobierno se
propone acelerar la titulación parcelaria – requisito indispensable para la privatización.
El marco nuevo de las realidades rurales mexicanas abarca también procesos de carácter político. Por un lado desaparecieron los antiguos esquemas de negociación y presión entre los productores y las instituciones ejecutivas. El cambio del partido en poder y la activa presencia de distintos partidos políticos en el medio rural crean condiciones políticas distintas en las que operan las organizaciones campesinas nuevas. Se van transformando también los factores culturales – van aumentando los niveles de educación, se nota con más persistencia la penetración de la cultura de masas. Se observan cambios en la vida religiosa.
Las medidas esbozadas arriba han provocado un gran debate sobre el impacto de los procesos de globalización en la producción agropecuaria y en la vida de las sociedades rurales. Aparte del aspecto económico del proceso, se van analizando sus consecuencias regionales y las transformaciones sociales que este implica. Se habla del proceso de descampesinización y/o se está discutiendo el concepto de los “campesinos nuevos”. La aparición de nuevos actores sociales en el campo, movimientos campesinos y la transformación de las identidades sociales, así como la necesidad de formulación de perspectivas teóricas alternativas parecen cambiar la idea del desarrollo rural en muchas partes de América Latina (p.ej. GLOBALIZACIÓN, CRISIS... 1998). En el caso de México dicho debate ha adquirido la dimensión del debate público. Los periódicos informan de una crisis agrícola aguda, de la dramática situación de la población rural y del peligro de una crisis social. El diagnóstico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicado en los periódicos en verano de 2001 no parece nada optimista: “…el sector ha presentado las siguientes deficiencias estructurales: baja calidad de vida de la mayoría de sus habitantes por: baja productividad, baja participación en el valor final de los productos, escasa orientación al mercado y nula integración de las cadenas productivas, provocando: desorden de los mercados, colapso del sistema financiero rural, mínima inversión en el campo, falta de congruencia entre el desarrollo nacional y el proyecto para el campo, falta de visión a largo plazo; resultando en un problema estructural con inequidad entre los actores” (LA JORNADA 2001:48). Los análisis de índices de pobreza rural realizados en la misma época justifican la postura oficial de SAGARPA5.
La presencia del Estado en el campo en el año 2001 se manifestaba principalmente mediante la política social dirigida a los habitantes de las comunidades más pobres, mediante el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). PROGRESA fue el instrumento creado con el fin de mejorar la alimentación y estado de salud de los niños y adolescentes y elevar los niveles de educación en las zonas marginadas6. Otro programa cuyo funcionamiento detectamos-PROCAMPO- diseñado como medida de modernización de la agricultura – tenía menos incidencia entre los productores pequeños y de hecho también funcionaba como programa de asistencia social (permitía cubrir los costos de algunos insumos).
La situación en el campo no sólo constituye un tema de debates públicos. A partir del mismo 1992 empezaron a aparecer estudios realizados por los investigadores mexicanos quienes demuestran las transformaciones de comportamientos socio-económicos de la población rural en varias regiones del país7 tratando de evaluar las consecuencias de las políticas neoliberales. Varios autores indican el agotamiento de las estrategias de sobrevivencia basadas únicamente, o casi únicamente en la agricultura de subsitencia – y la proletarización de la mano de obra agrícola (PENA, MORALES 1994:149-151). Se discute el papel cada vez más importante de los ingresos de los migrantes rurales, indicando la intensificación de una migración generalizada hacia zonas de agroproducción para la exportación, ciudades grandes y los Estados Unidos (entre otros DELGADO ET al. 1993:6, citados por MESTRIES 1994:195) y los cambios de patrones socioculturales tradicionales (PRUD’HOMME 1995, ESPARZA SALINAS, SUÁREZ, BONFIL 1996, REYES COUTURIER et al. 1996).
Aunque tal vez sea demasiado temprano todavía para evaluar los saldos de la política liberal en el campo, pasados unos 9 años desde el cambio del artículo 27 de la constitución predomina la opinión que las reformas del sistema de tenencia de la tierra no han conducido a un proceso masivo de inversiones privadas en el campo, ya que la mayor parte de los proyectos de compra y asociación há estado concentrada sólo en algunas regiones del país, que son las más productivas: “se habla de dos Méxicos que se separan: el del norte que capta la mayor proporción de la nueva inversión y del crecimiento, y el del sur, tradicional y estancado. La generalización simplifica y omite excepciones, pero no falta a la verdad. Hay un distanciamiento creciente entre las regiones del país” (WARMAN 2001)8.
Los académicos parecen compartir la preocupación por falta de la definición social del rumbo del campo mexicano, tan visible en el debate público. Tratan de captar elementos de una especie de ‘ruralidad nueva’ que parece estar surgiendo, así como establecer la relación ciudad – campo bajo ‘redefinición’.
3. Comportamientos socio-económicos de la población rural
de La Huasteca a principios del siglo XXI9
Las investigaciones de campo realizadas en La Huasteca en 2001 permitieron observar las consecuencias de las transformaciones para la población rural. Siendo La Huasteca una región períferica, no se observan casos espectaculares de beneficios directos que la ‘nueva situación’ brindara al campo huasteco. Más bien se nota que los sectores agrícolas más prósperos o mejor consolidados en 1985 (tal como p.ej. fue el caso de los tabacaleros de Platón Sánchez, los ganaderos de Tempoal, los cañeros de El Higo, los pescadores de Tamiahua o los caficultores de Tehuetlán), benefactores de las políticas estatales anteriores (ESTRUCTURAS RURALES… 1986, PATRONES DE LAS ESTRUCTURAS... 1987, CZERNY et al. 1988) pasan por dificultades.
Tanto las autoridades municipales, como las asociaciones de productores y los habitantes del campo entrevistados se dan cuenta del cambio de las ‘reglas de juego’ y buscan maneras de insertación dentro del panorama de las condiciones nuevas. A nivel institucional, se analizan posibilidades de la introducción de opciones económicas nuevas (sustitución de cultivos que dejaron de ser viables por otro tipo de cultivos comerciales10; atracción de inversiones industriales que crearan puestos de trabajo no-agrícolas11, fomento de actividades artesanales12, desarrollo del turismo ecológico13). En la mayoría de los casos se trata más bien de proyectos en estudio o planes sin mucho fundamento. Algunos de nuestros interlocutores presentaban problemas que enfrentan a la hora de buscar información, contactos, apoyo institucional y/o financiero.
A nivel de las estrategias económicas emprendidas por las familias rurales se observan intentos contínuos de la adaptación a la situación cambiante; en muchos casos dicha postura significa la diversificación de las fuentes de ingreso en el lugar14, en otros la entrada más marcada en círculos económicos externos a la localidad o incluso a la región. En la época entre 1985 y 2001 han cambiado considerablemente los patrones migratorios de los habitantes del campo huasteco – las migraciones temporales dentro de la región van perdiendo importancia, mientras que las salidas a las zonas de la agricultura de exportación en el norte del país, a las ciudades grandes y a Estados Unidos la van ganando15. Es cada vez más notoria la financiación de la vida en el campo mediante ingresos provenientes desde fuera. En cuanto a la producción agrícola hemos notado modificaciones de la estructura de producción agrícola (el abandono de la producción de excedentes de maíz y frijol – cultivo ‘únicamente para el consumo de la familia’ minimizando la inversión) (véase p.ej. PIOTROWSKA 2002), así como la ganaderización de comunidades agrícolas (ibidem).
Si nos apegamos al modelo bimodal de la transformación de la agricultura mexicana según el cual existe un sector agrícola moderno, integrado al mercado global y el tradicional, excluido y condenado a la paulatina desaparición – la agricultura huasteca, salvo algunas excepciones pertenece al segundo. La población campesina se ha visto obligada a implementar estrategias de sobrevivencia, que consisten principalmente en la diversificación de las fuentes de ingreso. Uma parte de ellas se desarrollan en el ámbito local y regional, mientras que otras consisten en actividades que requieren movilidad espacial. Entre las últimas están las salidas hacia las explotaciones agrícolas modernas y hacia los centros de maquila en las zonas del norte del país. Dos tipos de estrategias interactuan entre sí. El campesino – es sin duda alguna, un sujeto social activo, aún si consideramos que funciona y actúa dentro de un marco de exclusión. Las familias entablan relaciones con el sistema económico dominante, insertándose en él y em muchos casos financiando gracias a la inclusión periódica o parcial su existência dentro del marco de la exclusión.
NOTAS
1. Véase los números 3 y 25 de Actas Latinoamericanas de Varsovia (1987 y 2002)
donde se presentan los resultados de las investigaciones de 1985 y 2001, respectivamente.
2. Se repartieron 17.609.139 ha, comparados con los 8 millones repartidos entre 1920-
1933; se crearon más de 18.000 ejidos – que a finales de la presidencia cardenista
abarcaban casi la mitad de tierras cultivables (ŁEPKOWSKI 1986:387).
3. Entre 1900 y 2000 la población total del país pasó de 13,6 a 97,6 millones,
multiplicandose por 7,2. Mientras que la población urbana se multiplicó casi por 20
(de 3,8 a 72,7 millones), la rural se multiplicó por 2,5 (datos y cálculos según
WARMAN 2001).
4. Según WARMAN (2001) su intervención “ya no era regularora, sino controladora y
monopólica” (pág. 161) ya que entre 1960 y 1970 mediante el sistema se adquiría en
el campo la mitad de la producción de trigo y entre 15 y 20% de la de maíz, se
realizaban importaciones y exportaciones, de granos, así como compras necesarias
para poder regular los precios.
5. Según los datos de PROGRESA, citados por WARMAN (2001), en 1999 4,7 millones
de los 22 millones de hogares mexicanos (21,5% del total), sufrían la pobreza
extrema. 57% de los hogares en pobreza extrema (2,7 millones) se localizaban en las
comunidades rurales; en las localidades entre 2500 y 15000 habitantes consideradas
semirrurales se encontraba el siguiente 17% del total – lo que entre las dos categorías
citadas, corresponde a tres cuartas partes de hogares en pobreza (pág.28).
6. En 2001 el pago bimensual en efectivo lo cobraban las madres; su monto dependía
de la cantidad de hijos (hasta cuatro niños por familia podían contar con la ayuda) y
de nivel de educación al que llegan. En el caso de muchas familias entrevistadas en
2001 el pago de PROGRESA se convertía en la fuente de ingreso principal.
7. Véase, por ejemplo, los estudios sobre estados de Morelos y Zacatecas y las comarcas
del Valle del Yaqui, Bajío guanajantense, La Laguna incluidos en el libro
Campo y ciudad en una era de transición. Problemas, tendencias, desafíos,
coordinado por Mario BASSOLS de la UAM-Unidad Iztapalapa (BASSOLS 1994).
8. El mismo autor, basándose en las cifras proporcionadas por PROGRESA indica que
en 1999 el 30,8% de los pobres del campo se concentraban en tan sólo tres entidades
federativas: Veracruz, Chiapas y Puebla; agregando a los tres estados mencionados
dos más – el de Guerrero y el de Oaxaca, la proporción sube hasta 46,7% y
añadiendo 5 estados más (estado de México, Michoacán, Hidalgo, San Luís Potosí,
y Guanajuato – se llega al 73% de los pobres extremos del campo mexicano) (pág.
202).
9. Las ideas esbozadas en esta parte del artículo fueron desarrolladas de una forma más
amplia en dos textos publicados ya (véase: GONZÁLEZ MARTÍNEZ, LISOCKAJAEGERMANN
2002; LISOCKA-JAEGERMANN 2002).
10. P.ej. en el municipio de Platón Sánchez los productores de tabaco analizan las
posibilidades de cultivo de jícama o flor de jamaica a escala comercial, ya que los
intentos de introducción de nuevas variedades de tabaco han fracasado.
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11. En varios municipios (p.ej. en Cerro Azul y en Tempoál) se nos ha hablado de
intentos de atraer al capital interesado en el establecimiento de ‘maquilas’ textiles.
12. Se trata no tanto de la artesanía de carácter tradicional sino más bien de la ‘nueva’,
que hace uso de la destreza manual de los productores introduciendo productos
adaptados a la demanda, tal como por ejemplo ‘escóndites’ para los cazadores de
patos canadienses hechos de tejidos de palma, de los que se nos ha hablado en el
municipio de Tempoál.
13. Tales ideas las encontramos casi únicamente el el municipio costero de Tamiahua,
cuyo sector pesquero está pasando por una crisis (véase DURYDIWKA, LISOCKAJAEGERMANN
2002).
14. En las localidades visitadas abundaban actividades informales de servicios (peluquerías,
talleres de costura, ‘mini-empresas de transporte’, bares), producción (panaderías
caseras, mataderos, queserías) y de comercio a pequeña escala (mini-tiendas
localizadas en casas particulares).
15. Veáse los textos dedicados a las migraciones en La Huasteca publicados en Actas
Latinoamericanas de Varsovia (ROMER 1995, MIĘTKIEWSKA-BRYNDA 2002).
